Y me quedé con las ganas de poder expresar mejor, a mis alumnos, lo que considero yo que es un argumento. La definición puede estar tan explicada que pudiese en ocasiones no entenderse, y para eso sirve mucho mejor un ejemplo. A pregunta expresa: "¿un ejemplo?", me dijo Claudia. Y aquí empieza el problema: la mejor forma de definir lo que es un argumento, empleando un ejemplo para ello, es -precisamente- expresando uno (bien armado, todos los cabos atados).
No puede hacerlo del todo, insisto. Y ahora que lo pienso, el tema de legitimidad de las normas jurídicas y el bienestar social como función esencial del Estado hubiesen sido un terreno fértil para expresar un par de buenos argumentos en el que se pudiese comparar el marco legal que tenemos con el marco legal que deberíamos de tener.
Básicamente el tema es que la función del Estado, entre otras cosas, es garantizar el bienestar social. Y, a la fecha, existen muchas cosas en nuestro sistema económico, político y jurídico que no tienen ninguna relación con el bienestar social. Al contrario, una sociedad que se discrimina, que se viola a sí misma, que se asesina, que se proporciona a sí misma las leyes que permiten al hombre escalar en su codicia, incluso a costa de la vida y dignidad de los de su propia especie (o de cualquier otra); en una sociedad donde el sistema político está diseñado para sumergir cada vez más a una gran parte de la sociedad, permitiendo que una élite de personas, inexplicablemente privilegiadas con el don de la estupidez, asciendan a las esferas del poder desde donde lo controlan. Una sociedad en donde el poder económico puede destruir ecosistemas que no nos pertenecen sólo por dinero, porque ese el principio básico del sistema económico capitalista: que el dinero lo pueda todo... y un sinfín más de cosas. A mi parece que todo esto tiene que ver más con el malestar social.
Y es común que uno se pregunte, bueno, ¿y por qué nada de esto cambia? ¿por qué seguimos siendo una sociedad enferma, en crisis? Y aquí es dónde se inlcuye el tema de la legitimidad de la ley. Si una de las funciones principales del Estado es garantizar el bienestar social y una de las principales herramientas del Estado para el cumplimiento de sus fines, son las normas jurídicas, entonces allí debemos abordar el problema. ¿Acaso no debería ser, nuestro sistema jurídico, un reflejo de la voluntad del pueblo?
Estados en donde es delito grave el robo de cobre, pero no la violencia intrafamiliar; donde es penado el derecho de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo, donde es asesiando el derecho fundamental a la libertad de expresión, donde se reprimen a las poblaciones indígenas en pos del tan decepcionante 'progreso'; un Estado en donde se manipula el derecho a la libertad de información, un Estado en el que se secuetra el derecho a la educación y el conocimiento; en donde las instituciones políticias se utilizan en beneficio de unos cuántos y en detrimento de muchos (la ley es erga omnes, dice uno de sus principios); un Estado en el que que se solapa la desigualdad, cuyas instituciones de poder y control se esfuerzan en castigar conductas que no hacen daño a la humanidad, y por permitir que permazeca legales -con todo el peso de de su fuerza pública- lo que sí genera descomposición social. Si las cosas están así en el marco jurídico y el descontento social (y su malestar) es evidente, entonces la ley no representa la voluntad del pueblo.
De esto se trata la legitimidad de la ley, de la relación que debe existir entre la voluntad del pueblo (identificada como el respeto a sus derechos fundamentales -pues son inherentes a la humanidad-) y el marco jurídico que los garantice; que mantenga la estabilidad social, la aceptación generalizada de la ley por acto de razón (en tanto demuestre ser funcional para proporcionar ese tan cotizado 'bienestar'). Si el malestar social es evidente y la ley se mantiene como está en detrimento de varios millones de habitantes de una Nación, entonces -en definitiva- la ley está obligada a cambair. Peor aún cuando se discuten, votan, promulgan y hacen obligatorias leyes que propician un Estado ciego ante su población; cuando por el sistema jurídico la sociedad (y sus derechos) es olvidada. Lo mismo da si la ley existe pero no se aplica (letra muerta, que le dicen), se deben reformar para buscar que su aplicabilidad sea eficaz.
Y cuando l@s muchach@s me preguntan: '¿Entonces? ¿cómo se hace para garantizar eso?' Pues reformando la ley, creando los nuevos instrumentos legales que permitan eso; derogando las viejas estructuras económias y políticas que ya son obsoletas, generando esos cambios -primero- en la ley. Lástima que nuestros políticos actuales -diputados y senadores- estén compitiendo ahora por un pedazo de pastel en vez de representar la voluntad de una población que ya tiene mucho tiempo quejándose de lo mismo.
¿Es eso una razón para modificar la ley? ¿un argumento de por qué el sistema legal debe cambiar? En el por qué de las cosas se incluye ese 'argumento'. ¿Por qué las políticas públicas y el sistema jurídico de nuestro país no son funcionales? Porque (evidentemente) no garantizan el bienestar social y ésa es una función principal del Estado. Quizá termine sin ser entendido del todo, los argumentos -creo- al final son también eso: una postura, una creencia, el conjunto de razonamientos que nos llevan a pensar algo, a construir una idea. Para mi, el argumento es una estructura de ideas (correctas o no), conectadas con la realidad que nos envuelve y la interconceptualización del cómo la percibimos. Habrá quien piense que nada debe cambiar...
martes, 5 de junio de 2012
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